Resumen: Se impugna en el proceso la diligencia de embargo emitida por la Seguridad Social sobre los créditos de la actora en su condición de beneficiaria de una subvención de ayuda a las empresas y personas trabajadoras por el Covid. El conflicto que se plantea tiene por principal objeto la cuestión la de la subsunción, o no, del crédito o dinero embargado en alguno de los supuestos de inembargabilidad previstos en la Ley General Presupuestaria, considerando la sentencia que el supuesto se configura con dos requisitos acumulados como son que se trate de bienes o derechos patrimoniales de la Administración, y que sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos. En el caso de los créditos sobre la subvención embargados, pueden considerarse como fruto de la actividad económica de las personas físicas y jurídicas que los percibieron, ya que no es una ayuda personal, sino condicionada a una situación como agente económico afectado por la declaración del estado de alarma. por lo que deben incluirse en el beneficio económico o rendimiento patrimonial que genera la actividad de los beneficiarios, por lo que tal caracterización lleva a considerar aplicable los límites de la embargabilidad establecidos en el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por aplicación del reglamento de recaudación.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia recurrida por el demandante y en la que se calificaba como procedente el despido disciplinario del demandante, articulado bajo la causa de transgresión de la buena fe contractual y edificado sobre la imputación de que, teniendo una situación de incapacidad temporal, por una luxación que afecta a hombros y brazos, en su curso el demandante un día se desplazó en una motocicleta de gran cilindrada a la mutua donde estaba citado y a la tarde pedaleó en una bicicleta por la carretera, observándose que llegó a hacer fuerza con los miembros superiores, quedando elevado en la bicicleta mientras pedaleaba. La baja laboral duró casi dos meses y los hechos acaecieron quince días antes de alta laboral. En primer lugar, la Sala desecha eliminar de los hechos probados alguna afirmación sobre otras actividades físicas del demandante durante la baja, si bien no las considera luego para valorar la calificación del despido, puesto que, al efecto, se atiene únicamente a lo imputado en la carta de despido, que el Juzgado también consideró probado. La Sala entiende que lo probado hace ver o que el demandante podía trabajar ese día en que circuló con aquella moto y bicicleta o que estas actividades perjudicaron la normal recuperación de la aptitud laboral del demandante, siendo conducta lo suficientemente grave como para justificar el despido empresarial impugnado.
